Mayor rentabilidad del activo y en beneficio del interés público, así es como el presidente madrileño Ángel Garrido intenta defender esta polémica operación. Después de que el pasado 25 de mayo el juzgado de lo contencioso-administrativo número 29 de Madrid emitiera un fallo histórico dándole la razón a un inquilino del Ivima (Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid), la Comunidad de Madrid se ha puesto en pie de guerra y trata de impedir la anulación de la venta pisos de VPO a fondos buitre en 2013 con un recurso que defiende el «ahorro de costes» en base a una «decisión política legítima».
Vía @Idealista
